La crisis de refugiados

¡Hola señores delegados! En esta publicación discutiremos una de las principales crisis que pasó y que aún pasa el continente europeo de forma general: la crisis de refugiados. Es una situación que puede afectar las políticas de seguridad e inmigración comunitarias europeas y que causa algunas discusiones con el Reino Unido a partir de su proceso de salida del bloque.

La crisis de refugiados inició en los primeros años de la década de 2010 debido a los movimientos políticos, bélicos y sociales que pasan los países de África y Asia, sobre todo los del Oriente Medio. Los países europeos siempre recibieron un gran flujo de inmigrantes oriundos de esos países, muchos de ellos, ex-colonias europeas cuyas personas buscaban en el continente mejores condiciones de vida y de trabajo. Pero un suceso que empeoró la situación fue la Primavera Árabe, una serie de movimientos de resistencia por parte de la población local de los países de norte de África y Oriente Medio, que generó mucha violencia y represión que llevaron muchas personas a emigrar hacia europa. El más grave es la guerra civil en Siria, conflicto que dura hasta los días actuales y responsable por la mayor parte de los refugiados que llega a Europa (MARCELINO, 2012).

Solo en el año de 2016, por ejemplo, se estimaba que los refugiados sirios eran más de 900 mil en Europa, con un incremento de ese número en los años siguientes y llevando en cuenta los refugiados de otras nacionalidades (PARLAMENTO EUROPEO, 2017). El sistema europeo aún define esos grupos de inmigrantes en dos categorías: refugiados y solicitantes de asilo. El primer grupo se refiere aquellos que se encuadran en la Convención de Ginebra que define que es refugiado el individuo que, con temores de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera de su país de nacionalidad. El solicitante de asilo, por su vez, es toda persona que requiere el estatuto de inmigración europeo. Su pedido debe ser analizado por las instituciones responsables para la pertinencia del pedido, pero ese grupo están todos aquellos que entran con procesos de admisión en Europa, en el caso (CIERCO, 2017).

A partir de esa crisis el sistema de asilo e inmigración europeo manifestó sus problemas. Las leyes que vigoran en Europa sobre el tema fueron establecidas en la Convención de Dublín, ocurrida en 1990, pero que pasó a aplicarse solo en 1997. La función de la convención era de facilitar el proceso de solicitud de asilo, creando un sistema comunitario. En 2003, pasó a llamarse de Reglamento de Dublín que mantuvo las bases de los acuerdos anteriores (UNIÓN EUROPEA, 2013).

El sistema de asilo europeo se basa en algunos principios. El primero define que es responsabilidad del Estado miembro donde entra el extranjero, tratar de la cuestión de asilo; el segundo se refiere a la cuestión de visas. Si un solicitante de asilo posee ese documento de uno de los países de la Unión Europea, es este el país responsable por gerenciar el proceso de asilo. El otro principio es la posibilidad de transferencia de responsabilidad de un país hacia otro por cuestiones familiares o culturales, por ejemplo, si el solicitante posee familiares residentes en algún país miembro (UNIÓN…, 2013).

Los problemas y dificultades presentados por el Reglamento de Dublín están, fundamentalmente, relacionados a los países de entrada. Como es su responsabilidad tratar de las solicitudes de asilo, los países fronterizos y mediterráneos, como Grecia, Italia, España, Portugal e Italia quedan sobrecargados con la gran cantidad de solicitud de asilo a causa del volumen de entrada de personas con la crisis. Eso viene generando movimientos tanto por parte de esos países como en el Parlamento Europeo para la reforma del sistema de Dublín (GARCÉS-MASCAREÑAS, 2015).

Entre las medidas previstas en la reforma del Reglamento, está la redistribución de responsabilidades de los países, para garantizar la participación de todos los miembros en el proceso. Para asegurar el compartimiento de esas responsabilidades, los Estados que rechacen participar del nuevo sistema pueden sufrir con la interrupción de la reubicación de inmigrantes dentro de su territorio y pueden también tener acceso limitado a los fondos y presupuestos de la Unión Europea. Esa redistribución también se basará en una serie de criterios, una vez que los países poseen recursos diferentes de tratar y recibir los inmigrantes. Bélgica, por ejemplo, no tiene la misma condición de recibir la misma cantidad de solicitantes de asilo que Francia, principalmente por cuestiones geográficas. El nuevo modelo tendrá en cuenta aspectos como el Producto Interno Bruto (PIB) y la población de los Estados, que tendrán un periodo de transición de tres años para adecuarse y que contarían con el apoyo y supervisión de la Agencia de la UE para el Asilo (GARCÉS-MASCAREÑAS, 2015).

Reino Unido, a pesar de no hacer parte del espacio Schengen, sería afectado por esas reformas del sistema inmigratorio europeo como miembro de la UE. Una vez fuera del bloque, tendría más condiciones y libertades de regular sus fronteras y entradas de individuos. Pero los británicos, mismo fuera de las discusiones de su salida ya se articulaban bilateralmente en Europa a respecto de esas cuestiones. Reino Unido firmó con Francia, en 2003, el Tratado de Touquet, un acuerdo que permite tanto a agentes británicos como franceses a controlar la entrada de inmigrantes en los dos Estados, sobre todo aquellos presentes en la región francesa de Calais que esperan por una definición de su situación. Con el anuncio de la salida británica de la UE, los dos Estados retomaron negociaciones para reforzar el acuerdo. El presidente francés, Emmanuel Macron, acordó con la Primera Ministra británica, Theresa May, que el Reino Unido invertiría 50 millones de euros en la frontera con Francia y a recibir más refugiados en su territorio, principalmente niños y adolescentes desacompañados de los padres y responsables. Uno de los principales problemas es que el acuerdo no permite la entrada de inmigrantes ilegales en Reino Unido, lo que genera el establecimiento y construcción de muchos campos con personas en situación irregular con pésimas condiciones de vida (LE MONDE, 2016).

Lo que se puede concluir es que, mismo con la concretización del Brexit, debe haber diálogo y cooperación con los otros países europeos, una vez que la llegada de inmigrantes sea en Reino Unido o en Europa, afecta directa e indirectamente a los dos lados. Está a cargo de los gobernantes llegar a la mejor solución para las dos partes.  

 

REFERENCIAS

 

CIERCO, Teresa. Esclarecendo conceitos: refugiados, asilados políticos, imigrantes ilegais. 2017. Departamento de História, Política e Estudos Internacionais, Universidade do Porto, Porto. Disponible en: <http://www.kas.de/wf/doc/24727-1442-5-30.pdf&gt;. Acceso en: 05 sept. 2018.

GARCÉS-MASCAREÑAS, Blanca. Por qué Dublín “no funciona”. Barcelona Centre for International Affairs, 2015. Disponible en: <https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_135_por_que_dublin_no_funciona/por_que_dublin_no_funciona&gt;. Acceso en: 06 sept. 2018.

MARCELINO, Patrícia. A “Primavera Árabe” e o fluxo de refugiados para a União Europeia: comunicação num cenário de crise. Instituto da Defesa Nacional, 2012. Disponible en: <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/7678/1/NeD132_PatriciaMarcelino.pdf&gt;. Acceso en: 06 sept. 2018.

PARLAMENTO EUROPEO. A crise de imigração na UE em números. 2017. Disponible en: <http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20170629STO78630/a-crise-de-migracao-na-ue-em-numeros&gt;. Acceso en: 05 sept. 2018.

TOUT savoir sur le traité du Touquet. Le Monde, 24 jun. 2016. Disponible en: <https://www.lemonde.fr/societe/article/2016/06/24/tout-savoir-sur-le-traite-du-touquet_4957436_3224.html&gt;. Acceso en: 06 sept. 2018.

UNIÓN EUROPEA. Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Texto refundido). 2013. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=ES&gt;. Acceso en: 05 sept. 2018.

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